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Evalúan la implementación de “Tributos Ambientales”

Profesionales de la Universidad Nacional del Nordeste iniciaron un estudio
exploratorio para determinar si la implementación de “Tributos Ambientales”
resultaría una medida fiscal que fortalezca los niveles de protección
ambiental. Los resultados parciales indicarían la viabilidad de aplicar esos
tributos específicos.

El estudio se realiza en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas, aunque participan profesionales de varias disciplinas, con la idea de insertar la idea de que la tributación ambiental en política pública podría ser una herramienta para una buena conservación ambiental.

La investigación es pionera, ya que en el país y en Latinoamérica los tributos ambientales no se implementan como tributos específicos, lo que sí ocurre en la Unión Europea y en otros países desarrollados.

“Se tiene como objetivos resaltar la importancia de elaborar un concepto genérico de tributo ambiental como mecanismo para aportar al desarrollo sostenible, e identificar si tales concepciones pueden favorecer a la protección efectiva del ambiente” señaló la doctora Dora Ayala, directora de la investigación.

Explicó que la mayoría de los estudios sobre tributos ambientales se centran en vincular tributo y actividad contaminante o de efecto ex post, y en menor medida se apoyan en acciones de incentivación de conductas no contaminantes o de efecto ex ante. “Nuestra visión de tributo ambiental es de “ex antes”, es decir valorizar el uso del ambiente como recurso económico como forma de protegerlo” señaló la profesional.

Sostuvo que en materia ambiental se producen resultados ineficientes provocados tanto por las empresas como por los individuos, que pueden obtener beneficios del uso de los recursos ambientales sin necesidad de pagar un precio o soportando uno inferior a su verdadero coste.

En ese aspecto, las medidas tributarias pueden acompañar este proceso hacia la sostenibilidad del ambiente mediante el diseño de políticas públicas de colaboración en materia tributaria y ambiental tratando de lograr la armonización de los principios ambientales con el de capacidad contributiva.

Expresó que en lo que va del estudio, iniciado en 2007, se concluye que la intervención pública a través de medidas de política fiscal resulta favorecedora del fortalecimiento de los niveles de protección ambiental.

En el estudio se analizó el sistema legislativo nacional así como la jurisprudencia o fallos de la Justicia sobre temas ambientales, para explorar sobre la viabilidad de los tributos ambientales.

El proyecto de Tributos Ambientales fue expuesto en varias partes del país en conferencias y charlas, y hasta el momento tuvo buena repercusión como educación ambiental y estiman que de haber decisión política tiene viabilidad para avanzarse en su aplicación a futuro.

Sobre una eventual aplicación de los tributos ambientales, Ayala explicó que debería implementarse principalmente por tipo de actividad según el posible daño que podría causar, aunque además podría instrumentarse el tributo por daños ya producidos.

“La idea de tributo ambiental tiene sustento si se piensa al ambiente como bien común y además que las empresas obtienen altos réditos por la explotación” expresó Ayala, y destacó la participación en el grupo de investigación de la doctora Selva Spessot, el contador Juan Carlos Baez y el doctor Daniel Denmon; quienes enriquecen el proyecto con sus aportes desde sus especializaciones de posgrado en magistratura, economía y ambiente, respectivamente.

Ayala hizo una exposición respecto a la cuestión ambiental, y recordó que las preocupaciones ambientales que se denunciaron tímidamente en la década del sesenta se hicieron más tarde evidentes y motivaron una visión pesimista del porvenir de la sociedad con enfoques negativos y desalentadores.

Esta visión se expresó, por un lado, en la crítica despiadada de lo que se denominó el “paradigma del Crecimiento” y, por otro, en el planteo de una falsa dicotomía entre desarrollo y medio ambiente traducida en la síntesis de “crecimiento cero”.

El concepto actual de desarrollo sostenible no se refiere a un estado fijo o de armonía estática, sino a situaciones de cambio. Se enfatiza en el carácter dinámico del desarrollo y reconoce la existencia de conflictos y desequilibrios que son en sí mismos, el reflejo de esas situaciones de cambio.

Por tanto surge un concepto de desarrollo sostenible, en el que se equilibre el uso de los recursos ambientales con el menor daño posible del ecosistema.

“En ese sentido, las políticas públicas pueden inducir actitudes positivas, crear condiciones estimulantes, motivar el desarrollo de otras actividades y servicios alternativos, y establecer criterios de valoración y conservación” finalizó Ayala.